NUEVA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EN URUGUAY

Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión en A.Latina / CIDH.

Relator para la libertad de expresión de la OEA, Edison Lanza: proyecto de ley de medios uruguayo es “equilibrado” y da “transparencia” al sistema.

La bancada de Senadores del Frente Amplio (FA) resolvió en julio postergar la discusión sobre el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) -que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados- para después de las elecciones del 30 de noviembre. Pesaron en esta decisión motivos de índole electoral; se evaluó que no sería conveniente para la coalición de izquierda enfrascarse en una discusión de esta naturaleza en campaña electoral. Pero no había discrepancias de fondo sobre el texto, al menos a nivel de los máximos dirigentes del FA. El candidato nacionalista Luis Lacalle Pou dijo ayer que le “suena” que hubo “una presión por parte de los sectores más radicales” del FA para que se lleve adelante la ley SCA. “Me suena que es eso, pero no lo puedo decir a ciencia cierta”, manifestó, según informó El Espectador. No obstante, el propio candidato presidencial de la coalición, Tabaré Vázquez, había dicho el 5 de setiembre en entrevista con la diaria que está “totalmente de acuerdo” con la iniciativa. “Tenemos que impulsar esa ley”, manifestó en aquella instancia.

Algo similar dijo el candidato frentista en el primer encuentro de Uruguay X + de cara al balotaje, centrado en la cultura: aseguró que el proyecto de ley de SCA es “impostergable”. De esta forma, el debate sobre la iniciativa se reavivó, y el presidente de la gremial que nuclea a los dueños de radios y canales de televisión privados, Pedro Abuchalja, sostuvo que el texto es propio de “regímenes autoritarios”. Además, anunció que esta semana Andebu rechazará formalmente la iniciativa.

El uruguayo Edison Lanza, que se desempeña como relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) desde el 6 de octubre y que participó activamente en el proceso de elaboración de la ley SCA uruguaya, dijo a la diaria que “los uruguayos, pero sobre todo los medios y los periodistas” pueden “estar tranquilos de que el proyecto de ley de SCA cumple con todos y cada uno de los estándares de libertad de expresión construidos por el derecho internacional de los derechos humanos”.

Recordó que la misma opinión tuvo su antecesora en el cargo, la ex relatora de OEA Catalina Botero, y el relator de libertad de expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue. “Ambos hicieron varias recomendaciones al proyecto original y por suerte el Parlamento aceptó todas las sugerencias para adaptar el proyecto a los más altos estándares”, señaló.

Lanza aseguró que existe “una gran expectativa en la región, tanto en los organismos de derechos humanos como en las organizaciones de defensa de libertad de expresión, en la aprobación del proyecto en Uruguay”. “Es visto como un modelo equilibrado, que dota de transparencia al sistema de medios, fija reglas equitativas y claras para acceder a los medios, promueve la producción nacional, respeta los derechos adquiridos pero permite el ingreso de nuevos actores a la comunicación y promueve los derechos de diversos grupos discriminados a la comunicación sin interferir con los contenidos informativos”, resaltó el relator.

Además, añadió que hay también “gran expectativa” porque el Parlamento uruguayo “diseñó el primer órgano regulador de la comunicación audiovisual con garantías de independencia y autonomía del gobierno”, en referencia al Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA). Este organismo estaría integrado por cinco miembros, uno de ellos designado por el Poder Ejecutivo y los cuatro restantes nombrados por la Asamblea General con mayorías especiales. Es un esquema similar al de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que garantiza que un partido, por más que tenga mayorías absolutas en el Parlamento, no pueda designar por sí solo a los miembros de la institución. Los casos de regulación de contenidos -que se limitan a la prohibición de la discriminación, la definición de la programación que no puede emitirse en el horario de protección al menor y una regulación muy general en materia de publicidad infantil- se dirimirán directamente en la Justicia, para lo cual se prevé crear juzgados especializados. Lanza destacó que la conformación del consejo con este nivel de autonomía es “un avance sustantivo en la región”. “Una vez más, Uruguay puede ser un modelo para toda la región en este tema”, destacó.

Fuente: La diaria, miércoles 12 de noviembre.