El caso de los audios filtrados de Diego Spañolo y Karina Milei expone una paradoja: quienes enarbolan la bandera de la libertad recurren a la censura cuando la información incomoda. La medida cautelar del juez Maraniello abrió un debate que desborda lo jurídico: el desfasaje entre la letra de la ley y la práctica cotidiana de los usuarios de medios y redes.
El control de la información siempre fue una obsesión de los poderes de turno. Cuando el consenso democrático consolidó el valor de la libertad de expresión, anulando la posibilidad de la censura manifiesta, la creatividad de los gobernantes generó múltiples estrategias.
A lo largo de la historia, fueron muchos los políticos enamorados de la prensa libre que, al llegar al poder, hicieron lo posible por controlarla. Desde impuestos altos para el papel o la tinta de impresión hasta el uso de la pauta oficial para condicionar la línea editorial, más acá en el tiempo.
En El Príncipe, Maquiavelo sugiere que la libertad no es un valor absoluto. Es un medio que puede promoverse si sirve a la seguridad y estabilidad del Estado, o abandonarse si representa un riesgo. Si extendemos el concepto a la libertad de expresión, que por esa época todavía no existía, podemos inferir que Maquiavelo también la habría sometido a los objetivos del Estado.
Se dice que en una guerra la primera víctima es la verdad. En una dictadura, también. El caso de Rodolfo Walsh lo demuestra: su Carta abierta a la Junta Militar, fechada el 24 de marzo de 1977, fue un acto de resistencia frente a la censura. Para esquivar el cerrojo informativo, ideó un sistema artesanal: distribuir el texto por correo, buscando llegar a personalidades de distintos ámbitos, a periodistas de medios locales y a corresponsales extranjeros.
El control férreo sobre los medios locales era vencido, también, por los caprichos de la geografía. A escasos 50 km de la ciudad de Buenos Aires, las emisiones de Radio Colonia (Uruguay) brindaban informaciones sobre la situación política y social de Argentina.
La voz del periodista argentino Ariel Delgado, que desde Colonia leía las noticias comenzando con un “Buenos Aires”, era lo más parecido al sonido de la libertad que se podía oír por estos lares.
La historia vuelve a repetirse, con otras tecnologías. Los audios cuya difusión prohibió un juez argentino circularon sin restricciones esta semana a través de M24, una FM de Montevideo, accesible en segundos desde cualquier navegador. El fallo perdió eficacia frente a la lógica global de internet.
En el plano internacional, el caso de los Papeles del Pentágono en 1971 marcó un hito. El gobierno de Richard Nixon intentó prohibir que varios diarios publicaran unos documentos secretos en los que se exponían las mentiras del gobierno respecto a la guerra de Vietnam. El principal fundamento para promover la censura era proteger la seguridad nacional.
La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la prensa, en línea con la Primera Enmienda que garantiza la libertad de expresión. Esta semana, Carlos Pagni rescata las palabras de Hugo Black, uno de sus jueces, que al justificar su voto sostiene que nada amenaza más la seguridad de la sociedad norteamericana que limitar la libertad de prensa.
En la medida cautelar que firma Maraniello, se instruyó al ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) para hacer cumplir el cese de la difusión de los audios por “cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”.
Es importante remarcar la diferencia sustancial entre un medio de comunicación, identificable legalmente y con un editor responsable, y los millones de perfiles que encontramos en las redes sociales, muchos de ellos anónimos o que suplantan la identidad de un tercero, a los que técnicamente es imposible controlar simultáneamente respecto al contenido que publican.
En este mismo sentido, todavía no existe consenso a nivel internacional sobre las plataformas digitales y su rol como mediadoras de la información y su responsabilidad en la vigencia de la libertad de expresión. En casos como el analizado en esta columna, la pregunta que se desprende es a quién castigar por no respetar una prohibición judicial: ¿a la plataforma o a los usuarios?
Por todo lo expuesto, me atrevo a sostener que vivimos tiempos maquiavélicos, capusotescos y marxistas, no por Carlos, sino por el genial Groucho Marx, que en uno de sus pasos de comedia remata una escena diciendo: “Estos son mis principios; si no le gustan, tengo otros”.
Una definición que bien podrían suscribir los libertarios que hoy militan a favor de la censura.
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